El Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos lamenta el rechazo obtenido por la Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria de Galicia
El Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos, cuya presidencia ostenta en estos momentos Segundo Rodríguez Grandío, lamenta el rechazo obtenido en el Parlamento de Galicia por la Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria de Galicia presentada por el grupo En Marea y votada el pasado martes, 10 de julio.
Son varias las razones de peso que justifican esa valoración inicial. De una parte, la sensibilidad y receptividad que los representantes del Consello Galego percibieron de todos los grupos políticos, sin excepción, con los que se reunieron para abordar un tema que los dentistas consideran de la máxima relevancia por las graves repercusiones que está teniendo el uso inadecuado de la publicidad en el ámbito de la Odontología.
Esas buenas expectativas se vieron refrendadas el 24 de mayo de 2017, fecha en la que el Parlamento de Galicia aprobaba una Proposición no de ley, presentada por el Partido Popular, en la que se solicitaba a la Xunta que instase al Gobierno de España “para que mejore y clarifique la regulación de la publicidad sanitaria”.
A todo lo mencionado, se une la realidad incontestable de los hechos, que demuestra la urgencia de regular la publicidad sanitaria ante la evidente falta de mesura con la que se utiliza en algunas profesiones sanitarias como la Odontología.
El lamentable caso de iDental, que el Consejo General de Dentistas de España considera el mayor escándalo sanitario dental mundial que se conoce, y que ha dejado un número de damnificados que no deja de aumentar, es el último ejemplo de la necesidad de hacer las cosas guiados por el buen juicio, sin que ello suponga un menoscabo de la libre competencia. Esos miles de personas que han resultado engañadas tratan ahora de buscar soluciones para sus tratamientos dentales y para afrontar el pago de los mismos.
Otros escándalos cercanos en el tiempo protagonizados por otras compañías que consideran la Odontología como un mero negocio no hacen otra cosa que acrecentar la sensación de inacción por parte de quienes tienen la responsabilidad y obligación de tomar la iniciativa. Y la respuesta a casos como el mencionado solo puede articularse desde la política, el espacio en el que se tienen que gestar leyes capaces de proteger de forma inequívoca los derechos de la población y, en este caso concreto, de su bien más preciado: la salud.
Ese ámbito de salvaguarda ha de incluir también a los profesionales de la Odontología que, en ocasiones como las indicadas, son igualmente parte perjudicada de una forma de actuar inspirada en intereses mercantilistas y que nada tiene que ver con una práctica fundamentada en el respeto estricto a los principios éticos y deontológicos.